Montroy amaneció ayer tomada por la Guardia Civil. El ayuntamiento, dos empresas y la vivienda del ex alcalde y concejal del PP, Francisco Carrión, fueron registrados por el grupo de delitos urbanísticos buscando expedientes, contratos y licencias de construcción de las 80 viviendas diseminadas que la empresa Morarim SL vendió entre 2003 y 2004 a jubilados ingleses y alemanes en terrenos no urbanizables de la Cañada de la Murta.
La operación culminó ayer con la detención del ex alcalde y seis promotores inmobiliarios, asesores y técnicos por los delitos de estafa, prevaricación y contra la ordenación del territorio. El Delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, especificó que entre los detenidos hay varios cargos públicos más y "alguna persona relacionada con las actividades económicas" que se investigan.

Fiscalía de Medio Ambiente
Las diligencias se abrieron hace un año a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia, al localizar un importante grupo de casas con piscina diseminadas en una zona no urbanizable. Montroiyes uno de los 14 municipios que no han remitido la información sobre los expedientes urbanísticos solicitada por el fiscal coordinador, Joaquín Baños.
En el informe publicado por Levante-EMV el pasado sábado, el fiscal advertía que estaban "estudiando qué acciones emprender para conseguir la información". La comisión judicial salió ayer a las ocho de la tarde del ayuntamiento con diez cajas llenas de expedientes, planos y licencias.
Entre 2003 y 2004, Carrión permitió construir una promoción de 80 chalets con piscina y antena parabólica a la promotora Murarim SL. Ésta vendió unas casas a precios de entre 150.000 y 200.000 euros que en la actualidad siguen sin urbanizar, sin luz ni agua potable. El juez de Instrucción número 1 de Picassent ordenó ayer su detención y la de otros seis imputados entre los que figuran abogados y promotores inmobiliarios, además de practicar 11 registros domiciliarios en Valencia, Silla y Montroy, incluido el ayuntamiento, según informó el Tribuna Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La primera patrulla de la Guardia Civil llegó a las 6.30 horas de la madrugada a casa del ex alcalde para practicar un registro que se prolongó hasta las diez de la mañana. Antes de que Francisco Javier Carrión abandonara su vivienda por la puerta de atrás, se escucharon fuertes voces que el ex alcalde daba a los investigadores, en las que alegaba que le había costado "dinero de su bolsillo" y manifestaba con insistencia desconocer lo que le estaban planteando. La policía se llevó algunas bolsas con documentación de la vivienda de Carrión.

Poco después de las ocho de la mañana, la Guardia Civil llamaba a la puerta del Ayuntamiento de Montroy y ordenaba a las tres funcionarias que acaban de abrir sus ordenadores que salieran. El resto de trabajadores se concentraron a la puerta, hasta que llegó el actual alcalde, Antonio Polo (PSPV). El juez, que ya estaba dentro, pidió a los funcionarios que le ayudaran a buscar expedientes en los archivos y en las bases de datos. La primera dependencia que investigaron fue la oficina del catastro. A las ocho de la tarde, sacaban ocho cajas llenas.
Paralelamente, otras dotaciones registraban la vivienda en la zona de Els Mallars de uno de los promotores, Klaus D. S., fallecido el17 de diciembre, y en la empresa y domicilio de su socio, Guillermo A. P., en Silla. El resto de los registros se realizaron en dos domicilios particulares de Valencia y uno en Montroi, y en dos oficinas de esta población que se encontraban cerradas, por lo que hubo que llamar a un cerrajero para entrar. Además, se registró una cuadra de caballos, de la que también se llevaron expedientes y contratos.

Los siete detenidos pernoctarán en los calabozos de la Guardia Civil y, posiblemente, no pasarán a disposición judicial hasta el sábado. Hoy seguirán los registros, tras haber inspeccionado el 85% de las dependencias del ayuntamiento.

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda conocía la existencia de "asentamientos residenciales irregulares" en Montroy desde el año 2007, pero no actuó para solucionar el problema. Un informe de dicha conselleria sobre la aprobación de la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montroy, fechado el 30 de mayo de 2007, advertía de que el municipio se encontraba "bastante disgregado y salpicado de edificaciones aisladas" y proponía dar "una solución a la problemática derivada de los asentamientos irregulares".

Entre las actuaciones planteadas en este Plan General se apuntaba "la delimitación, como zonas de reserva residencial en suelo no urbanizable común, de aquellas áreas que presentan asentamientos residenciales irregulares, acotando su extensión y posibilitando su desarrollo posterior".

Todo ello eran recomendaciones de la Comisión Territorial de Urbanismo incorporadas al nuevo PGOU de Montroy. "Le correspondía al ayuntamiento desarrollar ese plan y, por tanto, esas recomendaciones", describió ayer una portavoz de la conselleria. La misma fuente confirmó que en la conselleria no existe "ningún expediente por irregularidades urbanísticas" abierto por el Ayuntamiento de Montroy. Pero tampoco la conselleria actuó, a diferencia del caso Catral de 2006, ni dio parte a la Fiscalía. En ambos casos dirigía la conselleria Esteban González Pons.

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