LAURA BALLESTER VALENCIA

Desde 2005 el colectivo Avinença, la Asociación Valenciana de Custodia y Gestión Responsable del Territorio, ha logrado aunar el esfuerzo de 40 entidades ecologistas y amantes de la naturaleza para lograr preservar el paisaje y la biodiversidad de "6.000 o 7.000 hectáreas". Ha sido un trabajo que ha ido paso a paso desde hace siete años y que está complemetamente afianzado, según explicaba ayer el presidente de Avinença, Mario Jiménez.

Primero fue la compra de un ullal en la Marjal de Almenara (el proyecto del que más orgullosos se sienten por la complejidad y variedad de usos de la zona y los acuerdos que se han logrado alcanzar entre todas las partes implicadas), después un convenio con el Ayuntamiento de Sagunt para gestionar un monte público. Recientemente el convenio con la Confederación Hidrográfica del Júcar para crear los filtros verdes en el Tancat de la Pipa, en el lago de l’Albufera. Y el último ejemplo, la firma del contrato de custodia del territorio entre el Banco de Santander y los Amigos de la Sierra Escalona (ASE) para que los ecologistas gestionen la finca La Ballesta de Orihuela, de unas 300 hectáreas, propiedad de la entidad que dirige Emilio Botín.

Así que el convenio firmado ayer entre el colectivo Avinença y la Conselleria de Medio Ambiente supone todo un espaldarazo a la labor que realizan esta red de voluntarios, de manera desinteresada, movidos por la estima al territorio. El convenio suscrito ayer entre la consellera Isabel Bonig y el presidente de Avinença, Mario Jiménez, estará en vigor durante cuatro años, y tiene como objetivo "divulgar la custodia del territorio como sistema de gestión participativo y eficaz de los espacios con valor ambiental y paisajístico; impulsar proyectos de custodia del territorio que impliquen a la Generalitat, propietarios y entidades de custodia; adecuar el marco legislativo para fomentar estas iniciativas e impulsar la responsabilidad ambiental corporativa de las empresas en la conservación del territorio".

La iniciativa también pretende, según explican desde el departamento que dirige Isabel Bonig, "de facilitar la formación básica del voluntariado en la puesta en marcha de proyectos de custodia del territorio, y promover acuerdos que permitan la dinamización socioeconómica y la generación de empleo".

Aunque aún queda mucho trabajo por hacer. Como la creación de incentivos fiscales para que la "iniciativa privada pueda entrar en las iniciativas de custodia del territorio (como sucede ahora con las obras sociales) ", defendió ayer Mario Jiménez. "Es asunto que ya estamos intentando mover con el Gobierno", admitió Bonig.

"Es muy importante que la sociedad civil se implique y participe activamente en la gestión y conservación del territorio", defendió la consellera de Medio Ambiente. Bonig añadió que "el ámbito de actuación de ciudadanos y sociedad civil es la Infraestructura Verde del Territorio" formada por las principales áreas de valor ambiental, cultural y visual, que, por su relevancia, se considere que deban quedar libres de urbanización, además de los corredores ecológicos que conectan todos los espacios protegidos".

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