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EL CASO “MARJAL DE PEGO”

FRACASO DEL ESTADO DE DERECHO

dimarts 28 de novembre de 2006, per  AE-Agró

EL CASO “MARJAL DE PEGO”: FRACASO DEL ESTADO DE DERECHO.

La Sentencia del Tribunal Supremo confirmatoria en su integridad de la dictada por la Audiencia Provincial de Alicante el 31 de diciembre del 2003, que condenaba al ex-alcalde de Pego, y a su lugarteniente, el Concejal de Agricultura, por los destrozos causados en el Parque Natural del Marjal Pego-Oliva, ha puesto punto y final, a uno de los episodios más lamentables de la historia democrática del País Valencià. Un episodio que no tiene antecedentes en la España constitucional: Autoridades públicas elegidas por los ciudadanos agreden y causan daños de sobresaliente mágnitud a un bien protegido por la propia administración, responsable de su defensa y conservación, con la excusa de cultivar arroz.

Su triste originalidad no radica en la agresión al Parque, lamentable sin duda, sino en todas las circunstancias que rodean al caso, que ponen en cuestión la adecuación de las instituciones públicas a unas reglas de juego democráticas y la propia vigencia del estado de derecho. Ha quedado al descubierto, entre otras cosas, la incapacidad de la administración, a todos los niveles ejecutivo y judicial, para controlar, evitar o corregir actuaciones agresivas contra los bienes y derechos cuya protección tiene encomendados.

Lo más grave, si no fuera suficiente lo ocurrido, es que la quiebra institucional se ha producido en relación con un asunto en cierto sentido menor: no se encontrará en él ni homicidios, ni grandes estafas o malversaciones, ni apellidos rimbombantes, ni obispos pederastas, ni escándalos políticos. De hecho, Carlos Pascual no se ha hecho famoso, pues no ha aparecido todavía en el Tomate, pese a su afición a las “vergás”, si bien podríamos calificar de “crónica marciana”, su tránsito por la Alcaldía de Pego.

Decimos que este aspecto es lo más destacable de la crisis porque ésta se produce en el funcionamiento cotidiano de las instituciones, en el ámbito en que se desenvuelven las relaciones normales de los ciudadanos con el aparato administrativo estatal; donde se genera o se destruye la cultura de la ciudadanía y de la convivencia, el respeto a las normas y a las instituciones; en la base del régimen democrático y del estado de derecho.

La partida se ha jugado entre dos equipos de fuerzas muy dispares. A un lado del tablero, ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ y su decidida voluntad de impedir que la barbarie se paseara tranquila y satisfecha por las ruinas del Parque Natural; enfrente, manipulados en la sombra por “el innombrable”, el Ayuntamiento de Pego, la Comunidad de Regantes y buena parte de los vecinos de la localidad.

Esparcidos por el campo de batalla, desorientados unos, indecisos otros, sin saber muy bien a qué carta apostar aquellos, tratando de arrimar el ascua a su sardina o ausentes de la cita en un acto de irresponsabilidad inexcusable los más, los órganos de control del propio Ayuntamiento, Secretario e Interventor, la Conselleria de Medio Ambiente, la Dirección del Parque Natural, la Delegación del Gobierno y sus fuerzas de orden público, la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia, el Juzgado de Instrucción de Denia, la Audiencia Provincial de Alicante, la Dirección General de Administración Local o equivalente, el Consell de la Generalitat, los partidos políticos.... Una partida en la que se han visto involucrados todos los niveles territoriales de la Administración Pública, estatal, autonómico y local, la administración de justicia, el movimiento ecologista, el pueblo soberano y un miembro de la élite socio-económica, del poder real. El asunto no es ninguna tonteria.

Planteada la cuestión de otra manera: si todas las administraciones y sujetos acabados de citar hubieran actuado en defensa de la legalidad, que para eso están, con todos los medios de que disponen, que para eso los tienen, ¿el resultado hubiera sido el mismo?, o ¿tenemos que asumir que el Estado y sus poderes carecen de razones, instrumentos legales y medios materiales para enfrentarse con éxito a una panda de locos cegados por la pela y parapetados bajo el aura de inmunidad que emana de un personaje escapado de “La Escopeta Nacional”?.

Un Parque Natural es un espacio natural protegido por la Ley. La Constitución obliga a los poderes públicos y a los ciudadanos a defenderlo. Ante cualquier agresión o infracción de las normas de protección, los poderes públicos han de actuar de forma eficiente y rápida para atajarlas, como si del atraco a un banco se tratara.
Lo ocurrido, sin embargo, camina por otros derroteros.

De acuerdo con los Informes Periciales aportados a la causa, se vieron afectadas 600 de las 850 ha. de zona húmeda del Parque, en las que se destruyó la vegetación natural, de gran valor ambiental, afectando a un elevado número de especies animales protegidas que han sido eliminadas, directa o indirectamente, de sus hábitats naturales. La desecación de la marjal fue de tal magnitud que hubo peligro de salinización del acuifero. Los daños materiales se evaluaron en 9 millones de euros.

Estos daños fueron la consecuencia directa de casi cuatro años de agresiones continuas al Parque Natural. Entre mayo de 1996 y enero de 2000 se contabilizan en la documentación de la causa 35 denuncias por incendio de vegetación, roturación de campos para el cultivo, colocación y activación de bombas para extracción de agua, alteración del trazado y desvio de cauces, dragado de canales, apertura y ensanche de caminos, aterramientos, introducción de semillas de especies foráneas, disparos contra las aves, muros de contención y reforzamiento de acequias, utilización de herbicidas y pesticidas, cultivo y recolección de arroz y otros productos. La última denuncia, fechada el 21 de diciembre de 1999, deja constancia de que las bombas extractoras seguían funcionando.

Pese a la ejemplar sentencia ¿Hemos de aceptar que fue inevitable?

Yolanda Monroig Sebastián

En nombre de las Comisiones Jurídica y de Territorio de

Acció Ecologista-Agró

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